En la última semana se divulgaron cuatro informes que revelan las graves vulneraciones que sufren cientos de comunidades y miles de personas en el país, entre ellas líderes y lideresas sociales, así como niños, niñas y adolescentes. El panorama descrito plantea retos a superar; no obstante, el gobierno nacional se enfocó en atacar a quienes los elaboraron.
Rechazar el diagnóstico de la grave situación que padece el país en materia de derechos humanos y desatender las recomendaciones con el objetivo de mostrar una cara más limpia al respecto, marcaron las tensiones del actual gobierno nacional con algunas agencias de la Organización de Naciones Unidas (ONU) tras divulgarse varios informes.
Las visiones internacionales de lo que ocurrió en el país en los últimos años, especialmente desde que se firmó el Acuerdo de Paz con la extinta guerrilla de las Farc quedaron expuestas en los recientes documentos divulgados por el representante en Colombia de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH); el Relator Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos; el Secretario General de ONU sobre reclutamiento forzado; y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).
Los dos primeros informes le generaron un fuerte dolor de cabeza al presidente Iván Duque (2018-2022), a varios miembros de su gabinete, así como a voceros de su partido, el Centro Democrático, quienes se fueron lanza en ristre contra lo expuesto por esas dos agencias de ONU e intentaron demostrar que más de tres años después de rubricado el Acuerdo de Paz la situación no es como quedó esbozada en sus presentaciones.
Sobre los otros dos informes el gobierno nacional no ha reaccionado, pero sin duda complementan una realidad bastante trágica para sectores vulnerables de la población, que aún enfrentan graves expresiones de violencia generadas por grupos armados que persisten en dominar a sangre y fuego varias regiones del país.
Se esperaba que el Acuerdo de Paz firmado el 24 de noviembre de 2016 entre el Estado colombiano, representado por el entonces presidente Juan Manuel Santos (2010-2018), y el máximo jefe de las antiguas Farc, Rodrigo Londoño, se convirtiera en la hoja de ruta para superar los graves problemas que había ocasionado la guerra en distintas regiones del país durante poco más de cinco décadas.
Las expectativas de las comunidades más golpeadas por la confrontación armada se acrecentaron por cuenta de las promesas contenidas en lo pactado en La Habana, Cuba, en materia de reforma agrícola, sustitución de cultivos de uso ilícito, nuevas formas de desarrollo local y regional, y superación de la violencia.
No obstante, con el paso de los meses, esas expectativas se fueron traduciendo en desesperanza por cuenta de las demoras en la implementación de lo pactado; los constantes frenos presupuestales a las iniciativas de las comunidades rurales; la falta de reacción de las autoridades para copar los espacios dejados por las Farc; y un incremento de la violencia por cuenta de grupos armados ilegales en plan de expansión hacia aquellas zonas dejadas por el extinto grupo guerrillero, convertido en partido político.
Falta más Estado
Y es justamente sobre ese crítico escenario bélico y de vulneración de derechos humanos a los que hacen referencia los informes de las agencias de ONU y del CICR, recogiendo en ellos las voces de las comunidades más afectadas tras sendas visitas de sus equipos de trabajo a las regiones, consultas a personas especializadas al respecto y un acopio de información documental generada por distintas entidades estatales.
El primer informe en conocerse fue elaborado por la Oficina en Colombia de la ACNUDH. En su exposición, aseveró que “continuó observando la persistencia de altos niveles de violencia que generaron graves violaciones a los derechos humanos. De particular preocupación fueron las agresiones a las personas defensoras de derechos humanos, a los pueblos indígenas y el incremento en los casos de presuntas privaciones arbitrarias de la vida, así como graves violaciones a los derechos humanos cometidas contra niñas y niños en el contexto de la violencia y el conflicto armado”.
Luego de cuestionar las acciones armadas de la guerrilla del Eln y de otras organizaciones criminales como las disidencias de las Farc, el Epl y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc), así como de estructuras más pequeñas, que apelaron a la violencia extrema para controlar vastos territorios de la geografía nacional, la OACNUDH llamó la atención sobre dos aspectos que competen al Estado colombiano.
De un lado, aseveró que han sido insuficientes “los esfuerzos para establecer una presencia integral del Estado, particularmente de autoridades civiles, incluyendo la Fiscalía General de la Nación y la policía” en algunas zonas rurales del país; y de otro, resaltó que “la presencia estatal en estas zonas continúa siendo predominantemente militar y el avance para establecer una mayor presencia de autoridades civiles ha sido lento”.
En su informe, la ACNUDH reiteró lo que han planteado de tiempo atrás algunas comunidades en varias regiones del país. “Se observó un incremento en la respuesta militar a situaciones de violencia e inseguridad”, se lee en el documento. Y citando como fuente a la Policía Nacional, aseveró que “en varios municipios de Arauca, Catatumbo, Norte del Cauca y Sur de Córdoba, se incrementó el número de homicidios, a pesar del aumento de la presencia militar”.
La región del Catatumbo es ejemplo de ello. Agobiada de tiempo atrás por grupos armados ilegales que mantienen a las comunidades de por lo menos diez municipios en constante zozobra, sus líderes se han quejado desde el año pasado de las fuertes medidas militares y de la poca atención civil a sus necesidades más apremiantes. (Leer más en: Dramático diagnóstico deja sesión de la Mesa por la Protección a la Vida sobre Catatumbo)
Y en el sur de Córdoba, que comparte una misma dinámica de violencia con el Bajo Cauca antioqueño, las acciones criminales de grupos armados ilegales parece no tener freno, pese a la fuerte militarización de esa región, carente, según reportes de la Defensoría del Pueblo, de una mayor complementación del Estado para resolver la alteración de orden público. (Leer más en: El Sur de Córdoba: teatro de guerra con poca atención integral del Estado)
La respuesta militar de la que habla ACNUDH tampoco ha sido garantía para las comunidades rurales. Así se desprende de las afectaciones a la población civil reseñadas por el CICR en su informe anual sobre el país, divulgado este miércoles, que aborda hechos ocurridos durante el 2019 y que lo llevó a concluir que “paz es todavía esquiva en muchos territorios de Colombia”.
De acuerdo con este organismo humanitario, en el año pasado se registraron “352 víctimas de artefactos explosivos y minas antipersonal, más de 25.300 personas desplazadas masivamente y 218 agresiones a la Misión Médica”, calificando esas estadísticas como “tristes indicadores del deterioro de las condiciones humanitarias en varias zonas del país”, a las que le sumó más de 27.600 personas que padecieron el confinamiento en sus regiones, “debido a las acciones de grupos armados y a la presencia de explosivos”.
Si bien el CICR afirmó que en algunos sectores del país las afectaciones a la población civil han mejorado, también resaltó lo ocurrido en los departamentos de Chocó, Nariño, Antioquia (especialmente en Bajo Cauca), Arauca, Norte de Santander, Cauca, Caquetá, Meta y Córdoba, regiones que coinciden con las expuestas en el informe de la ACNUDH, y en los que, según este organismo humanitario, “las carencias de la respuesta institucional contribuyeron al sufrimiento ya causado por la escalada en la intensidad del conflicto y la violencia armada”.
Con respecto a las violaciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) y otras normas humanitarias, el CIRC documentó 987 violaciones, el 77 por ciento de esos casos “fueron amenazas, homicidios, actos de violencia sexual y reclutamiento de menores, entre otros hechos de suma gravedad”. Al respecto, calificó ese panorama como “desalentador” y “muestra que todos los actores armados en Colombia aún irrespetan las reglas mínimas de la guerra y dejan a la población civil frente a las peores consecuencias de sus acciones”.
Tal como ha reportado este portal, dos de los departamentos más afectados por la siembra de minas antipersonal son Chocó y Cauca, confinando a las comunidades afro e indígenas, e impidiendo que se cumpla con la implementación del Capítulo Étnico del Acuerdo de Paz. (Leer más en: Desminado humanitario, otra víctima de la repetición de la violencia en Cauca y en La continuidad de la guerra no permite desminado humanitario en Chocó)
A lo afirmado por el CIRC con respecto a las infracciones al DIH, se sumó el informe del Secretario General de ONU sobre el tema de los niños, niñas y adolescentes en el conflicto colombiano, que abarca situaciones ocurridas entre el 1 de julio de 2016 y el 30 de junio de 2019, que también se divulgó esta semana.
Este documento destacó las afectaciones causadas a menores de edad y jóvenes por diversos grupos armados, resaltando el daño causado por la guerrilla del Eln, y las organizaciones criminales conocidas como Epl y Agc, así como el Ejército Nacional.
“Con su presencia, actividades y luchas intestinas para ejercer el control de ciertos territorios y de actividades económicas ilegales”, aseveró el Secretario General de ONU en su informe. “Los grupos armados mencionados siguieron violando los derechos de los niños, niñas y adolescentes y de sus comunidades. Expusieron a los menores a la violencia como víctimas directas de violaciones graves, entre ellas el reclutamiento y la utilización y la violencia sexual, y restringieron el ejercicio de sus derechos, por ejemplo el derecho a la educación”.
Tal como lo constató este portal, Chocó es uno de los departamentos más afectados por el reclutamiento de menores de edad y jóvenes, donde las comunidades afro e indígenas llevan la peor parte. (Leer más en: La otra cara de la guerra en Chocó: el reclutamiento forzado)
De acuerdo con el informe del Secretario General de ONU, 599 menores se vieron afectados durante el periodo analizado: “Adolescentes de entre 13 y 17 años de edad, incluidos cinco venezolanos, fueron reclutados y utilizados en 12 departamentos, a saber, Norte de Santander, Nariño, Antioquia, el Cauca, Valle del Cauca, el Chocó, Guaviare, Arauca, Putumayo, Vichada, Caquetá y el Meta”.
Y tal como lo destacaron tanto la ACNUDH y el CICR, para el Secretario General de ONU, “la situación se vio agravada por la presencia limitada de la autoridad del Estado en esas zonas, tanto a través de las instituciones de seguridad como de las entidades civiles, sobre todo en los territorios que habían sido abandonados por las antiguas FARC-EP. Las condiciones siguieron deteriorándose por los problemas para implementar el Acuerdo de Paz, en particular las disposiciones relativas a la reforma agraria y la lucha contra las drogas ilícitas”.
Impacto en líderes sociales
La alteración del orden público por cuenta de la pugna entre grupos armados y los intereses económicos de sectores legales e ilegales fueron determinantes en la vulneración de los derechos fundamentales de líderes, lideresas y autoridades étnicas en el país, entre ellos el de la vida.
Así se desprende de los análisis expuestos en los informes de la ACNUDH como del Relator Especial de ONU sobre la situación de defensores de los derechos humanos y que despertó las mayores críticas de funcionarios del gobierno nacional, difundiendo mensajes desafortunados como el de la ministra del Interior, Alicia Arango, quien, en medio del debate, afirmó que en Colombia “mueren más personas por robo de celulares que por ser defensores de derechos humanos”, expresión que fue interpretada por sectores sociales y políticos como un intento de minimizar la tragedia que padecen líderes, lideresas y autoridades étnicas por defender a sus comunidades.
Dada la magnitud de lo que ocurre en el país, la ACNUDH en su informe fue tajante al expresar que “defender los derechos humanos sigue considerándose una labor de alto riesgo en Colombia”, y muestra de ello lo representan los 108 asesinatos que documentó esta agencia de ONU, ocurridos durante 2019.
En su exposición hizo alusión a diversos casos emblemáticos ocurridos en los departamentos de Chocó, Magdalena, Arauca y Cesar, así como en la ciudad de Bogotá, y si bien destacó varias de las estrategias de protección adoptadas por el gobierno nacional y las normas creadas para fortalecerlas, llamó la atención sobre la necesidad de una mayor articulación institucional estatal y aplicar una justicia pronta para resolver esos crímenes.
Asimismo, planteó la necesidad de “adoptar un proceso participativo amplio, diverso e inclusivo contemplado en estas iniciativas” y sugirió que “las autoridades deberían enfocarse en identificar y atender integralmente las causas estructurales generadoras de violencia que afectan a las personas defensoras de derechos humanos”.
Pero quien profundizó en el tema, generando mayores críticas en el gobierno nacional por su aparente falta de objetividad, fue Michel Forst, Relator Especial de ONU sobre la situación de defensores de los derechos humanos, quien presentó este miércoles Ginebra, Suiza, el resultado de su visita al país en noviembre de 2018 para conocer de primera mano la tragedia de los líderes sociales.
A la par que destacó de manera reiterada las acciones que han venido adelantando distintas entidades estatales en la prevención de los ataques y en la judicialización de los responsables, Forst describió que quienes están en mayor riesgo “son los líderes y lideresas sociales que defienden los derechos humanos en zonas rurales, en particular el Acuerdo de Paz, la tierra, los derechos de los pueblos étnicos y el medio ambiente, frente a los intereses de grupos criminales, grupos armados e ilegales, y frente a los intereses de actores estatales y no estales como empresas nacionales e internacionales y otros grupos de poder”.
En su análisis, el Relator dejó en claro por lo menos tres aspectos: que, pese a los esfuerzos de las autoridades, hay un alto índice de impunidad en la judicialización de los autores materiales e intelectuales; que persiste una fuerte estigmatización y deslegitimación en contra los defensores de derechos humanos, generada por sectores estatales y no estatales; y que son constantemente criminalizados por sus actividades en representación de sus comunidades.
“El contexto en que llevan a cabo su labor de defensa de los derechos humanos es de una gran complejidad”, destacó el Relator en el documento. “Su agenda de derechos humanos les pone en peligro, en particular en los territorios donde hay una ausencia integral del Estado y las comunidades no son protegidas de manera efectiva por las fuerzas públicas del orden allí presentes”.
En ese sentido, hizo un llamado a la justicia colombiana sobre los altos niveles de impunidad que rodean los procesos de juzgamiento de los defensores de derechos humanos asesinados que, a su juicio, ronda el 89 por ciento de los casos: “Cuando los asesinatos y otras violaciones de derechos humanos se cometen contra personas defensoras y permanecen impunes se envía un mensaje de falta de reconocimiento de su importante labor en la sociedad, y ello implica una invitación para seguir violentando sus derechos”.
Tras escuchar diversos testimonios durante su visita a distintas regiones del país, Forst reiteró en su informe que “la defensa de la tierra y el medio ambiente por líderes étnicos o campesinos conlleva oposición a intereses y presiones de empresas nacionales e internacionales que explotan los recursos naturales en sus territorios (por ejemplo, monocultivos o megaproyectos) y a intereses de la minería ilegal y mecanizada y de diferentes actores armados”.
Para profundizar en su denuncia, el Relator expuso que entre 2015 y 2018, se registraron por lo menos 115 incidentes, “que incluyen actos de intimidación, estigmatización, criminalización, desplazamiento forzoso y hasta asesinatos de defensores en zonas con fuerte actividad empresarial”. En su informe detalló que “el 30 % de los ataques se producen en zonas con proyectos mineros a gran escala (en particular de oro), agronegocios (28,5 %) de aceite de palma (en Cesar, Chocó, Meta y Nariño), banano (zona Caribe), caña de azúcar (Norte del Cauca, Valle del Cauca y Vichada), así como proyectos del sector energético (petróleo, gas, carbón, presas hidroeléctricas, parques eólicos y solares) y otros de infraestructura y turístico”.
Para ahondar en esa llaga, que tanto le duele al país, se conoció también esta semana un informe, prologado por el Relator Forst y divulgado por el Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos, organización internacional de la sociedad civil que alertó sobre el riesgo que corren líderes, lideresas y autoridades étnicas cuando en sus agendas tocan intereses privados.
En su análisis, planteó que la economía colombiana está dominada por industrias de uso intensivo de la tierra, en las que las operaciones suelen entrañar importantes riesgos para los derechos humanos. Y destacó la importancia del rol de desempeñan sus defensores, quienes tratando de prevenir los abusos o de exponer los abusos de las empresas, se enfrentan a menudo a ataques concertados, a veces mortales.
“Nuestros datos muestran que Colombia es el segundo país más peligroso del mundo en cuanto a ataques a los DDH (defensores de derechos humanos) que trabajan en temas empresariales, albergando el 9% de todos los casos a nivel mundial. Al menos setenta y dos DDH han sido asesinados por plantear problemas de Derechos Humanos relacionados con las empresas”, indicó el Centro.
Al detallar en los casos, la investigación encontró que el 44 por ciento de las agresiones fueron contra quienes hicieron cuestionamientos sobre empresas como AngloGold Ashanti, Big Group Salinas, Cerrejón Coal, Ecopetrol y EPM, las cuales reaccionaron al informe y expresaron sus opiniones contrarias. (Consulte las respuestas de las empresas en el informe).
Al respecto, indica que: “Esto no quiere decir que las empresas sean siempre responsables de estos ataques, sólo que los/as DDH han sido atacados porque han expresado su preocupación por las actividades empresariales. Sin embargo, las empresas no operan en el vacío, son conscientes -o deberían ser conscientes- de que los críticos de su negocio o industria están en peligro y deberían trabajar para prevenir y mitigar estos ataques”.
Y acto seguido recordó que los Principios Rectores de ONU sobre empresas y derechos humanos estipulan que las empresas deben tratar “de prevenir o mitigar las consecuencias negativas sobre los derechos humanos directamente relacionadas con operaciones, productos o servicios prestados por sus relaciones comerciales, incluso cuando no hayan contribuido a generarlos”.
Sobre la responsabilidad del Estado, el informe resaltó que ha tomado algunas medidas importantes para hacer frente a esta situación, “pero hasta ahora no ha logrado superar los crecientes ataques contra DDH que plantean preocupaciones sobre las operaciones comerciales”.
¿Y la implementación?
Otro de los llamados de atención de las agencias de ONU que alteró los ánimos del gobierno nacional fueron los relacionados con la implementación del Acuerdo de Paz. Previo análisis de diversos aspectos, los informes coinciden en advertir la necesidad de implementar lo pactado en La Habana con la extinta guerrilla de las Farc como una manera de superar problemas estructurales en diversas regiones del país.
La afirmación más cuestionada por funcionarios del alto gobierno está contenida en el documento presentado por la ACNUDH. En uno de sus apartados destacó la participación comunitaria en la formulación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), acordados en La Habana y que se aplican en 16 regiones del país, abarcando 170 municipios golpeados por la guerra.
Al respecto, el informe de la Alta Comisionada dijo que “si bien esto generó una esperanza significativa para la implementación efectiva de los PDET, durante el período cubierto por este informe, el ACNUDH observó pocos avances y una mínima coordinación con otros programas relevantes, como el Plan de Reparación Colectiva, establecido en la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, y el Programa Nacional Integral para la Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS)”.
VerdadAbierta.com constató esa afirmación con voceros de las comunidades del municipio de Anorí, Antioquia, donde se implementa el PDET, y su apreciación al respecto es más drástica que la expresada por la ACNUDH. Califican esos programas como “una farsa”.
José David Hernández, líder comunitario, explicó que el problema que ahora tienen los PDET es que están tratando de incorporarlos a los planes de desarrollo municipales, actualmente en construcción por las nuevas administraciones locales, con el fin de garantizarles recursos para su ejecución, proyectada a 15 años.
“Eso no fue lo que se habló a nivel nacional. El gobierno había dicho que tenía un recurso destinado directamente para los municipios”, cuestionó Hernández. Los PDET los cogieron como un instrumento de ayuda para el plan de desarrollo, pero los recursos son inciertos, salen por proyectos. Si el municipio no presenta proyectos, pues no van a llegar recursos para los PDET a nuestro municipio”.
Por otro lado, William Muñoz, presidente de Asociación de Campesinos del Bajo Cauca, indicó que en municipios como Tarazá se trabaja en incluir las 74 propuestas surgidas de los PDET en el nuevo Plan de Desarrollo Municipal, con el fin de que la Alcaldía los priorice y se ejecuten de manera efectiva en los próximos cuatro años.
“Ahí hay una discusión entre las autoridades locales”, declaró Muñoz. “Nosotros estamos exigiendo que incluyan todo el punto de Reforma Rural Integral dentro del Plan de Desarrollo del municipio, pero el alcalde dice que no es capaz de invertir en todo eso, que el tiempo no le da para implementarlo. Lo que nosotros le decimos es que puede ir priorizando y si están dentro del plan de desarrollo puede jalonar recursos”.
¿Y por qué la preocupación porque algunos proyectos de la Reforma Rural Integral sean incluidos en el nuevo Plan de Desarrollo? Muñoz respondió que en asuntos de formalización y titulación de tierras no se ha estado cumpliendo: “Teníamos una oficina de la Agencia Nacional de Tierras en Tarazá y se la llevaron desde el año antepasado y no ha vuelto. Entonces nos preocupa porque todos los días se ven solicitudes de tierras para grandes megaproyectos y concesiones de explotación”.
Estado responde
Ante los cuestionamientos de las agencias de ONU, particularmente de la oficina en Colombia de la ACNUDH, el presidente Duque expresó sus preocupaciones, centrándose en aparentes falencias: “Me preocupa que haya imprecisiones y me preocupa que no se diga la verdad sobre avances tan importantes como los que ha habido con los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET): había 2 y ahora hay 16. Nada de eso se dice, se descalifica el trabajo de los PDET”.
Contrario a lo expuesto en ese informe, el mandatario nacional también expresó su inquietud porque no se registró con contundencia las acciones perpetradas por grupos armados ilegales: “Me parece preocupante que poco se diga en ese reporte sobre las violaciones constantes a los derechos humanos por parte del ELN, de los grupos residuales (las disidencias de las Farc), del clan del Golfo y de Los Pelusos. Eso debió haber quedado consignado. Se ha debido destacar el esfuerzo sobre el Plan de Acción Oportuna para enfrentar los ataques a los líderes sociales”.
En entrevista con VerdadAbierta.com, Emilio José Archila, consejero presidencial para la Estabilización y Consolidación, cuestionó la apreciación de la ACNUDH sobre los pocos avances de los PDET y aseguró que no sólo “es equivocado”, sino que “se estrella con la realidad”.
Para sustentar su afirmación, Archila explicó que durante el actual gobierno se acordaron los proyectos PDET en 14 regiones de las 16 proyectadas, y resaltó en la administración pasada sólo se avanzó en dos. “Es decir, de las 32 mil iniciativas que se recogieron las 220 mil personas que participaron en esos talleres, la absoluta mayoría lo hicieron después de que nosotros llegamos al gobierno”, indicó, y agregó que a través de diversos mecanismos se están gestionando los recursos para su financiación, agenciando por ahora cerca de 3 billones de pesos.
No obstante, tal como lo ha constatado este portal en algunas regiones, los avances no son homogéneos y uno de los más atrasados es el PDET de Chocó, que contempla inversiones para los próximos diez años en doce municipios por 1,7 billones de pesos y hasta el momento sólo se han destinado 57.699 millones de pesos para financiar 167 proyectos, lo que equivale a un 3,3 por ciento de las inversiones estimadas hasta el 2028. (Leer más en: En Chocó dudan de efectividad de programas de desarrollo con enfoque territorial)
Consultado al respecto, Archila dijo que “lo que es difícil de explicar es que las brechas que hay entre esos municipios y el resto del país son gigantescas, entonces esa planeación está pensada para por lo menos tres periodos presidenciales, es decir, doce años, y seguramente hasta quince años. Obvio que todos quisiéramos que eso fuera más rápido, pero de los 15 años no hemos estado trabajando sino 18 meses”.
Con respecto a la falta de articulación institucional resaltada por la ACNUDH, el consejo presidencial destacó en esa afirmación una contradicción, pues una de las agencias del UN le aprobó el año pasado un millón de dólares para fortalecer el pilar de la reconciliación, uno de los componentes del PDET, con las reparaciones colectivas a víctimas, y este año cuenta con 3 millones de dólares más. En ese sentido, reiteró que el informe “no solamente no corresponde a la verdad, sino que está contradiciendo lo que otra agencia de Naciones Unidas está haciendo”.
Por su parte la canciller de Colombia, Claudia Blum, emitió este miércoles un comunicado destacando la cooperación lograda con más de 20 agencias de ONU, pero, a su vez, cuestionando el informe del Relator Michel Forst y objetando algunas consideraciones por cuanto “no reflejan objetividad e integridad”.
La Canciller objetó las apreciaciones sobre la “supuesta criminalización estatal de los defensores de derechos humanos”; la calificó de “acusación inadmisible que desconoce nuestras garantías y ordenamientos constitucionales y legales en procesos administrativos y judiciales”, y adujo que eran afirmaciones “que se lanzan sin sustento en investigaciones verificadas”.
“Logros no se ven”
Alberto Yepes, vocero de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, una plataforma que aglutina a 281 organizaciones defensoras de derechos humanos en todo el país, le expresó a este portal su decepción por la reacción del gobierno nacional a los informes de las agencias de UN. A su juicio, las observaciones realizadas por sus delegados, “constituían una oportunidad para corregir el rumbo que el país lleva en materia de derechos humanos”.
La manera como reaccionaron el presidente Duque, la canciller Blum y otros funcionarios del alto gobierno, obedece, según Yepes, a un estilo de gobierno que trata de acallar las voces críticas de la comunidad internacional y de imponer “un pensamiento único en materia de seguridad y defensa que han terminado por llevarse por delante los derechos humanos, con una militarización excesiva del país; una política de seguridad que terminado consintiendo la expansión de los grupos paramilitares; y un menosprecio hacia las actividades de defensa de los defensores de derechos humanos y líderes sociales, como se ha constatado en las declaraciones grotescas de las ministra del Interior”.
Con respecto a los supuestos avances del actual gobierno nacional en materia de derechos humanos e implementación del Acuerdo de Paz, este activista aseveró que esos logros están por verse y coincidió con los informes revelados esta semana en la visión de deterioro del orden público.
“Que se hayan cometido 36 masacres el año pasado, el número más grande en los últimos cuatro años; y el retorno de las ejecuciones extrajudiciales, con 15 casos reportados, el mayor número en los últimos cuatro años; nos pone nuevamente en un punto de inflexión en el que bajo este gobierno esos indicadores se están deteriorando”, reiteró Yepes.
Y para concluir, aseguró que al parecer este “gobierno estaba acostumbrado a que siempre los organismos internacionales les brindaban elogios y aplausos”. Y agregó: “Ya va siendo hora de que algunos sectores de la comunidad internacional que se habían confiado de que este gobierno andaba en el buen camino de la implementación, empiecen a darse cuenta que un monitoreo más exacto refleja exactamente lo contrario”.
Por su parte Camilo González Posso, miembro de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, creada por el Acuerdo de Paz, y presidente de Indepaz, organización en los últimos años documenta asesinatos de líderes sociales, calificó la respuesta del gobierno nacional como una actitud a la defensiva, “desconociendo hechos elementales para acusar a la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de injerencia y atropello a la soberanía. Pero, sobre todo, es una reacción política, frente a un aislamiento que está teniendo el gobierno nacional en el escenario internacional de derechos humanos”.
